Misión difícil hablar de educación inclusiva en México*
Por: María Azucena Sánchez Aburto

“Reconstruyamos la casa que nos albergue a todos o erijámosla si es que nunca la hemos tenido”. La concisa frase, dirigida por Miguel Ángel Granados Chapa al final de su discurso, al recibir la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República, nos recuerda que asistimos a un momento, en que la sociedad se plantea amplias expectativas sobre la educación y que nos llevan a cuestionar seriamente el papel que ésta, ha desempeñado hasta nuestros días. Un momento en el que “El objetivo de conseguir escuelas inclusivas, se ha convertido en una de las primeras aspiraciones de todos aquellos que defienden la equidad en la educación” (Marchesi, 2000: p.21), considerando que la educación “… es patrimonio y responsabilidad de muchos agentes sociales y en ellas se progresa a través de múltiples experiencias y a lo largo de toda la vida.” (Marchesi, 2005: p. 7).

Misión difícil, sin embargo, hablar de educación inclusiva, sin mirar los riesgos y probabilidades de errar en la palabra y pasar a formar parte de una nueva forma de control sobre la heterogeneidad, de una nueva forma de explotación, en donde la diversidad está en riesgo de pasar, de ser el valor de la humanidad, a ser un objeto útil, y a pesar de ser tan antigua como la humanidad misma, en riesgo de pasar a ser una recién descubierta y prometedora parcela lista para ser colonizada. En donde el tema de la atención a la diversidad pueda constituirse en materia prima para el discurso hábil, si acaso no anteponemos la intención ética, el camino congruente entre palabras y acciones que se bifurcan y van dejando huellas significativas que por fortuna, hacen más caminos y senderos, pero que en el peor de los casos, son imposibles de borrar.

Hemos sido testigos en diferentes momentos de la historia de un México cuyo proyecto de civilización, ha estado marcado por la exclusión, la discriminación, la expulsión social, la invisibilización social y la segregación de amplios sectores de la población sumergidos en lo que Gilberto Rincón Gallardo (2006: p. 5), denominó un “decurso de inequidad e iniquidad”. Un proceso que ha sido consentido, promovido, solapado, propiciado e institucionalizado hegemónicamente en nuestro país, en donde recientemente se ha generado una división de la población, sustentada en el conveniente supuesto de los encargados de garantizar la democracia, de que hay dos tipos de ciudadanos, aquellos que son necesarios e indispensables y los otros, que son un peligro para México, el México que conviene a intereses económicos y políticos neoliberales, el cual, se parece mucho al México imaginario de Guillermo Bonfil Batalla (1994), aquél en el cual, uno de los primeros excluidos socialmente, fue el indígena“…el colonizado, (el que) fue útil en la medida en la que se convirtió en objeto de explotación; fue hostil y enemigo cuando la intentó evadir o la puso en riesgo; fue indiferente o ignorado cuando permaneció al margen del México ocupado…” (p. 138), y hacia él una serie de acciones para despojarle de recursos y elementos culturales de su patrimonio histórico.

Los registros de injusticia, opresión y exclusión que ha vulnerado a las mujeres; las prácticas criminales, consentidas por el silencio y el ocultamiento social; humillaciones y discriminación invisibilizadas de manera sistémica dirigidas hacia personas y grupos de personas, dan cuenta de un México afectado por la desigualdad, la pobreza y la falta de ciudadanía plena, en donde podemos apreciar, con base en la investigación realizada en 2001, por la Comisión Ciudadana de Estudios contra la discriminación, que las principales formas de discriminación reproducidas en nuestro país, son, por género, por pertenencia étnica, por edad, por discapacidad, religiosa, por preferencia sexual, y a migrantes. Por eso no podemos hablar de educación inclusiva sin caer en cuenta que al hacerlo hay dos tensiones que debemos enfrentar: Por una parte, la tensión ejercida por la fuerza de la ética y la razón del ser que exige, demanda y propone un cambio, del ser que está dispuesto a afrontar el desencuentro, porque lograr cambios, trae consigo más tensiones; por otra parte, la tensión generada por la tradición que se empeña en mantener un orden inalterable y conveniente, que tan sólo alcanza a vislumbrar la posibilidad de un cambio en el asumir la diferencia como un hecho necesario para la estabilidad social, posición desde la cual, la inclusión, permanece en la dimensión del discurso pero se cristaliza una y otra vez, en acciones encubiertas de exclusión y discriminación, que si bien, no nacen en la escuela, “…en ella encuentran, un lugar donde reproducirse, reflejarse y al mismo tiempo esconderse (al cobijo) de la indiferencia y la validación de comportamientos a pesar de ser socialmente inaceptables, que se traducen en claras actitudes de intolerancia ante la diversidad.” (CONAPRED, 2005: p. 7).

En este sentido, es necesario llevar a cabo un ejercicio de reflexión y de análisis en torno al papel del profesorado rumbo a la construcción de una educación incluyente, es necesario también asumir el hecho de que estamos inmersos en contextos en los que se reproduce cultura, se cristalizan políticas y se efectúan prácticas más o menos excluyentes que incluyentes, de impacto, no sólo en las personas vulneradas, sino en la comunidad escolar en su conjunto.

Si reconocemos nuestra participación en la formación integral que contribuya a que los alumnos tengan una efectiva integración a la sociedad de la cual forman parte; debemos entonces, estar también en la disposición de reconocer que nuestro trabajo, “…puede estar separado de este propósito y que nuestra práctica en lugar de promover la inclusión puede estar orientada a la exclusión” (Izarra, 2005, en: www.educadoressociales05.org 4 de junio de 2009). Lo que nos sitúa en posición de asumir responsabilidades y retos.

* Extracto del prólogo al libro "Educando en y para la diversidad". Rosa María Salgado Medina y Concepción Hernández (coordinadoras) (2009), México: UPN